El profesional utilizaba, sin autorización, nombres de personas para cobrar bonos de FONASA.
Tras recibir en enero de este año una denuncia por parte del Fondo Nacional de Salud (FONASA), en la cual se indicaba que un profesional de la salud habría estado cobrando dinero de prestaciones no efectuadas, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Rancagua, iniciaron una investigación para aclarar los hechos denunciados.
Tras analizar diversos documentos y entrevistar personas, cuyos nombres fueron utilizados por un kinesiólogo de Pichilemu para cobrar a FONASA supuestas atenciones que nunca se llevaron a cabo, la PDI entregó los antecedentes recopilados al fiscal de la causa, quien gestionó ante el tribunal respectivo una orden de detención en contra el imputado.
En razón de la orden de aprehensión proporcionada, el personal de la BRIDEC Rancagua, apoyados por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) Metropolitana, se trasladaron hasta el domicilio el imputado, ubicado en la comuna de Pichilemu, lugar donde fue detenido.
De acuerdo a lo informado por la PDI, uno de los factores claves para acreditar el delito de fraude de subvenciones médicas, se relaciona con la emisión de bonos médicos para consultas que supuestamente se efectuaron el mismo día a personas que se encontraban distintas ciudades de Chile, algunas, incluso, en los extremos norte y sur del país.
Conforme a la información dada a conocer por la policía civil, el kinesiólogo habría usado los nombres de alrededor de 30 personas para defraudar a FONASA, por un monto cercano a los 97 millones de pesos, dinero con el cual habría adquirido costosos bienes, como un computador de alta gama, joyas de oro, carteras de alta costura, vestuario y calzado de reconocidas marcas y un automóvil de lujo tipo SUV.
Leandro Aguilar de 37 años de edad, fue puesto a disposición de Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu, para su respectivo control de detención por los delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos, tribunal que decretó su prisión preventiva por el plazo de 90 días que se extenderá la investigación.